Estas familias además de ser desalojadas de sus casas se encuentran con que tienen que seguir pagando una deuda con el banco. Entre los cuatro años de crisis se han producido más de 300,000 ejecuciones hipotecarias.
Hasta hace un mes y ante la alarma social por las consecuencias del desahució que llevó al suicidio de varias personas. Ante la presión social que ha ido creciendo unida a la de los jueces para la democracia, los partidos mayoritarios han intentado flexibilizar la legislación sobre las hipoteca.
Pero lo único que han conseguido es aflojar un poco la soga a las familias necesitadas. EL nuevo decreto ley aprobado por el gobierno actual permite la dación de pago en casos concretos pero no evita que familias enteras puedan perder sus hogares. Tampoco paraliza los intereses de la demora, por lo que durante los próximos dos años los intereses siguen creciendo.
El grave problema sigue siendo el incremento del número de los desahucios que se producen a manos de bancos que con ayudas públicas, obtienen millones de euros de beneficios
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